En Memoria de Kenneth Anzualdo (2011) from Silvia Tello on Vimeo.


Marly Anzualdo, nos hace un recorrido por la vida y desaparición de su hermano: Kenneth Ney Anzualdo Castro, joven estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao. 

"Keny" como lo llama con cariño, fue secuestrado, detenido, asesinado y desaparecido el 16 de diciembre de 1993 en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejercito durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. 

Quién era Kenneth, por qué despareció, cómo esto cambio la vida de Marly y su familia y qué esperanzas existen en el presente, son algunas de las preguntas que este documental responde. 


Dirección: 
Silvia T. Fernández

A 18 años de la desaparición de Kenneth Anzualdo:

RECUERDO PARA NO OLVIDAR 

 Te seguimos buscando, todavía te esperamos

Un día como hoy nació Kenneth Ney Anzualdo Castro:

Un día como hoy, 13 de junio de 1968, nació mi hermano: Kenneth Ney Anzualdo Castro.
Y este 26 de mayo, en la gran marcha por la dignidad “Fujimori NUNCA MÁS”, la misma que movilizó a miles de peruanas y peruanos quienes levantaron su voz para decir: ¡BASTA YA DE CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD, INDIFERENCIA Y FALTA DE MEMORIA! ¡FUJIMORIS: NO PASARAN! Yo lo encontré, a Kenneth yo encontré. Nos encontramos y me he permitido escribir esto:

ÉL VIVE, ELLA VIVE, ELLOS VIVEN

Hoy te vi,
Hoy los vi.

Hoy como nunca antes,
los sentí,
en cada grito:

¡POR JUSTICIA Y POR VERDAD,
FUJIMORI NUNCA MÁS!

¡UN PUEBLO INTELIGENTE,
NO ELIGE DELINCUENTES!

¡PERÚ TE QUIERO,POR ESO
TE DEFIENDO!

Hoy mi alma, los encontró.
Hoy los abrasé, los besé,
Él, ella, ellos... están ahí.

En la música de Daniel F,
En el arte de los Pocofloro,
En las pintas de protesta.

En los diseños de Claudia,
En la cámara de Silvia,
En el afán de Margarita,
En el baluarte de Eleming,
En el impulso de David,
En la inteligencia de Lucho,

Gabriel, Rosita....todos, todas.

La energía de los más de
QUINCEMIL desaparecidos,
está aquí,
Ellos viven,
son el presente,
Están presentes.

CON MUCHO CARIÑO, POR ELLOS, POR MI KENNY,
PARA USTEDES.

Marly Anzualdo C.

Comentario sobre la sentencia de la CIDH

El pasado 22 de setiembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), halló responsable al Estado peruano por la desaparición de Kenneth Ney Anzualdo Castro, estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao, quien fuera detenido por agentes del Estado el 16 de diciembre de 1993, fecha a partir de la cual no se supo más sobre su paradero.
Como no podía ser de otra manera, la fundamentación jurídica de la sentencia mantiene los estándares de solidez y rigurosidad presentes en numerosos antecedentes sobre la materia, algunos de ellos, emitidos en causas donde el Estado peruano resultó responsable por el mismo tipo de delitos, como ha ocurrido en los casos Barrios Altos (asesinato y lesiones) y La Cantuta (desaparición forzada), por citar sólo los más conocidos y de reiterada referencia a nivel latinoamericano.

- Matanza de Cantuta

- Matanza de Barrios Altos

En esta oportunidad, entre otros derechos violentados de recurrente tratamiento por la Corte (libertad personal, integridad personal, vida, garantías judiciales, protección judicial), resalta el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, cuyo contenido ha sido desarrollado a partir del carácter múltiple y complejo del delito de desaparición forzada, conducta delictiva que representa una de las más graves violaciones de derechos humanos sancionadas por el derecho internacional, precisamente, aquella perpetrada contra Kenneth Anzualdo, agraviado, desde la perspectiva de este derecho, en el goce y ejercicio de sus derechos civiles fundamentales, o para ser más precisos, impedido de ejercer libre y plenamente –como consecuencia de su desaparición- los derechos de los que fue titular.

Sin embargo, los temas sustanciales del caso no son precisamente el interés central de este breve comentario, sino más bien, reflexionar sobre otro de vigente importancia, como es el referido a la necesidad de anteponer y complementar a todo proceso judicial, el desarrollo de una prolija investigación y un manejo preciso, convincente y fundamentado de la prueba.

Considero que fueron las virtudes de este tipo de investigación y manejo de prueba, las que resultaron fundamentales para que la Corte considere probada la desaparición de Kenneth Anzualdo a manos de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), así como su ingreso a los sótanos clandestinos de dicha dependencia, lugar en el que permaneció por unos días antes de desaparecer indefinidamente.

Cabría entonces, referirse al desarrollo de esta investigación, cuyos hallazgos centrales y conclusiones nos remiten directamente al escrito a través del cual, la Procuraduría Ad-Hoc del Estado para los casos Fujimori y Montesinos, solicitó -a inicios de 2006- la extradición del ex presidente Fujimori por la desaparición forzada de Kenneth Anzualdo y otros dos agraviados (Javier Roca Casas y Justiniano Najarro Rua), pedido que finalmente derivó en el cuaderno ampliatorio de extradición que el Estado peruano presentó al gobierno de Chile en agosto del 2006, y que complementó el primer envío de doce cuadernos de extradición entregados a dicho país el 3 de enero del mismo año.

- Padre de Martín Roca

En honor a la verdad, el caso me es familiar por haber participado de las investigaciones que hicieron posible conocer lo ocurrido en estos tres casos: la primera, como parte del equipo de investigación del libro Muerte en el Pentagonito: Los cementerios secretos del ejército peruano cuya autoría corresponde al periodista Ricardo Uceda; y, la segunda, al desarrollar la investigación que sustentó el pedido de extradición –ampliatorio- presentado por la Procuraduría Ad Hoc Fujimori-Montesinos en el caso Sótano SIE.

Los hechos denunciados en el caso Anzualdo, como en el de los otros dos agraviados se remontan al año 1993, para ser más precisos, al 6 de julio (Najarro), 5 de octubre (Roca) y 16 de diciembre (Anzualdo), época en que las familias iniciaron los esfuerzos de búsqueda y presentaron las primeras denuncias para conocer el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, por efecto de las leyes de Amnistía, aprobadas por el gobierno fujimorista a mediados de 1995, las posibilidades de investigación y juzgamiento de estos casos fueron anuladas, iniciándose en cada uno de ellos, con el apoyo de la ONG Aprodeh, sendos procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que, por aquel entonces, representaba una alternativa a la inacción del Estado en materia judicial.

El panorama cambiaría al caer el régimen autoritario del ex presidente Fujimori en noviembre de 2000 y al emitirse la sentencia de la CIDH en el caso Barrios Altos, el 14 de marzo de 2001, fallo que declaró ineficaces las leyes de Amnistía y permitió la reapertura de numerosas investigaciones y procesos penales interrumpidos durante su vigencia, entre ellos, los de Anzualdo y los otros dos desaparecidos en los Sótanos del SIE.

Luego de la sentencia de la CIDH, como bien lo ha señalado la Corte, se abrió una nueva etapa en la investigación de los casos, aunque, ciertamente, más allá de los datos e indagaciones aportados por las familias inicialmente, no se registraron mayores avances en esta nueva etapa, por lo menos hasta diciembre de 2004, época en que Uceda publicó su libro y con ello la revelación del agente de Inteligencia Jesús Sosa Saavedra, quien brindó detalles de los operativos en los cuales Anzualdo, Roca y Najarro fueron desaparecidos. Precisamente, Sosa, como miembro del Puesto de Inteligencia de Lima (PIL), integrado por agentes del SIE, fue uno de los captores y –según el libro de Uceda- responsable directo de una de las muertes (la de Najarro).

- Corte Interamericana de Derechos Humanos Con esta revelación, las sospechas -hasta ese entonces vigentes- sobre la autoría de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DINCOTE) en las desapariciones, quedaron inicialmente descartadas. Como no podía ser de otra manera, los agraviados y sus abogados, incluyeron los aportes del libro en los expedientes correspondientes, complementando con ello la información inicial brindada por las familias. Sin duda, el rótulo que debía identificar los casos a partir de entonces, era el de desaparecidos en los sótanos del SIE, detalle que no podía ser ignorado -luego de conocidas las revelaciones del libro- por ninguna de las personas involucradas en la investigación, especialmente por el fiscal encargado.

¿Por qué es importante tener presente ese último dato? pues porque en el Congreso de la República, desde el año 2001, diferentes comisiones investigadoras conocieron los casos de corrupción y violaciones de derechos humanos por los que debía acusarse constitucionalmente al ex presidente Fujimori, requisito previo a su juzgamiento . Uno de estos casos fue el de violaciones de derechos humanos en los Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, caso rotulado –coincidentemente- como “Sótanos SIE”, respecto del cual el Congreso de la República, mediante resolución Legislativa Nº 014-2003-CR, del 12 de noviembre de 2003, declaró haber lugar a la formación de causa penal contra Fujimori. En este caso, Fujimori era considerado responsable, entre otros delitos, por la desaparición de un número indeterminado de personas en los sótanos del SIE, siendo uno de los principales medios de prueba, tres libros de registro de ingresos y ocurrencias en los mencionados sótanos, correspondientes a los años 1993 y 1994.

Fujimori aprobó las leyes de amnistía para mantener en la impunidad los crimenes cometidos por las FFAA

Sentencia de la CIDH contra el Estado peruano
Caso Anzualdo: un referente en el procesamiento de DD.HH.

Centrándonos en el caso Anzualdo, considerando que fue el único en llegar a la CIDH , la familia no solo fue afectada por la impunidad de las leyes de Amnistía hasta marzo de 2001, sino también, luego de que éstas quedaran sin efecto, por los escasos avances en su investigación hasta fines de 2005, época en que tuvo lugar la mencionada investigación del caso “Sótano SIE”, en el marco del proceso de extradición del ex presidente Fujimori. Habían pasado doce años desde la desaparición de Anzualdo y ni siquiera las declaraciones de Sosa –contenidas en el libro de Uceda- habían logrado renovar un impulso serio en las indagaciones a cargo del Ministerio Público. En este punto, resulta necesario advertir que este inexplicable letargo, resultaba paralelo al hecho públicamente conocido de que existía un caso conocido como “Sótano SIE”, que ya desde 2003 -por no decir antes- había sido materia de acusación constitucional contra el ex presidente Fujimori. El sentido común, para quien en ese momento conocía el caso, debió motivar, por lo menos, una revisión del contenido de aquella acusación en busca de mayor información, y la legitimidad para hacerlo estaba fuera de toda duda, pues el elemento afín fluía del propio rótulo del caso “Sótano SIE”, precisamente el lugar donde Sosa declaró que fue depositado y luego desaparecido Kenneth Anzualdo.

Para el 2003, e incluso antes, el caso Anzualdo daba pie a una pista importante que surgía del cruce de las denuncias de los familiares, en tanto precisaban el día y horas promedio de su desaparición, con el contenido de los libros de registro de ingreso a los sótanos del SIE, que registraban el ingreso de una persona no identificada -el mismo día y horas promedio-. La Comisión Investigadora del Congreso, no logró hacer la conexión y terminó acusando a Fujimori por la desaparición de un número indeterminado de personas. Posteriormente, en noviembre de 2005, cuando el caso “Sótano SIE” fue evaluado por el Poder Judicial durante el trámite de la extradición de Fujimori, resultó improcedente en el extremo de desaparición forzada, precisamente por no identificar agraviados, lo que en buena cuenta motivó la investigación que derivó en la presentación del pedido ampliatorio de extradición nueve meses después.

Podía decirse que las piezas del rompecabezas del caso Anzualdo estaban a la vista de todos, pero nadie, hasta ese momento, había podido juntarlas y construir la certeza de su desaparición a manos de agentes del Estado. Finalmente, en noviembre de 2005, luego de rechazado el extremo de desaparición forzada en el caso “Sótano SIE” (extradición de Fujimori), y allí radica mi relación directa con el caso , se crearon las condiciones para acceder a la información contenida en el expediente del proceso penal seguido contra Fujimori por las violaciones de derechos humanos en los sótanos del SIE y con ello, a los libros de registro de ingreso a dicha dependencia, los que analizados minuciosamente terminaron por revelar el destino final de Kenneth Anzualdo y los otros dos agraviados.

Montesinos y Fujimori

La tarea fue ardua pero breve, pues no tomó más de diez días, entre fines de noviembre e inicios de diciembre de 2005, y la pista que desenredó el nudo de la madeja surgió de mi experiencia en la investigación dirigida por Ricardo Uceda, en las postrimerías del régimen fujimorista, donde me tocó investigar precisamente la desaparición de los estudiantes de la Universidad Nacional del Callao Kenneth Anzualdo y Javier Roca, y del empresario panadero Justiniano Najarro. Al revisar el expediente no fue difícil recordar las fechas de las tres desapariciones e incluso las horas promedio en que ocurrieron los hechos, y al abrir los libros de registro esa fue la pista inicial. Luego de revisar los registros de los días 6 de julio, 5 de octubre y 16 de diciembre de 1993, no habían dudas, el ingreso de los tres –aunque sin consignar sus nombres- había sido documentado, e incluso en el caso de Roca, figuraba la evidencia de que el ingreso había sido responsabilidad de agentes del PIL, grupo que el propio Sosa confirmó como autor del secuestro.

- Jesús Sosa Saavedra, miembro del grupo Colina

A partir de allí, la construcción del caso se fundamentó en tres niveles probatorios: el primero, el aporte de los familiares, al describir las circunstancias en que ocurrieron las detenciones; el segundo, las revelaciones de uno de los ejecutores del delito, Jesús Sosa, que daban cuenta del ingreso de los tres detenidos a los sótanos del SIE y su eliminación en dichas instalaciones; y, tercero, la información contenida en los libros de ingreso a dicha dependencia militar, determinante para confirmar el destino final de los tres agraviados, su permanencia en tales instalaciones, las torturas que habrían sufrido y finalmente, la ausencia de toda ocurrencia que revele su eventual libertad, detalle a partir del cual quedó confirmada su desaparición y presumible ejecución extrajudicial.

Al leer la sentencia emitida por la CIDH, vemos que la defensa del Estado peruano, había intentado desconocer su responsabilidad en la desaparición de Kenneth Anzualdo, atribuyéndola más bien a PCP-Sendero Luminoso. Sin embargo, la propia Corte desestimó dicha defensa por ser contradictoria al argumento utilizado por el mismo Estado peruano al fundamentar la extradición de Fujimori, pretensión que suponía reconocer su responsabilidad directa en tal delito, por responder a una práctica sistemática y generalizada enmarcada precisamente en el régimen liderado por dicho ex mandatario. Sin duda, los efectos de la investigación recogida por la Procuraduría, no sólo resultó útil para probar la responsabilidad del Estado peruano en este caso, sino también, para desbaratar su defensa por contradictoria a la posición asumida al exigir a Chile la extradición del entonces prófugo Fujimori.

Por otro lado, merece destacar que el caso Anzualdo representa un ejemplo más de las potencialidades de la prueba indiciaria aplicada al delito desaparición forzada. A este caso se aplica información de contexto como la aportada por el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), testimonios referenciales como el de los familiares y amigos de la víctima, información referencial como la contenida en el libro de Uceda, información pericial que da cuenta del hallazgo de un resto humano (un dedo) calcinado en los calabozos del SIE y libros de registro oficial. Todo ello resultó determinante y suficiente para el tipo de responsabilidad declarada por la CIDH, y sin duda, marca una sólida pauta para la producción de prueba aplicable a la determinación de responsabilidades individuales a nivel interno, correspondiendo –principalmente- al Ministerio Público buscar aquellos complementos que sean útiles para alcanzar dicho estándar probatorio.

Ciertamente, el caso peruano revela una agenda pendiente en materia de procesamiento penal de violaciones de derechos humanos, y durante mucho tiempo, se ha denunciado la falta de cooperación de algunas dependencias el Estado -por ejemplo- en la entrega de información que facilite la investigación de los casos. Sin embargo, no hay que perder de vista salidas creativas a esta falta de cooperación, así como las posibilidades de buscar y encontrar la verdad de lo ocurrido a través de mayores esfuerzos de indagación o, en definitiva, de una labor de investigación más rigurosa, tal como ocurrió en el caso de Kenneth Anzualdo. Los resultados, son evidentes, el caso logró ser incluido como cuaderno ampliatorio en la extradición del ex presidente Fujimori y motivó la sentencia emitida por la CIDH el pasado 22 de setiembre de 2009.


Por Víctor Manuel Quinteros
Investigador del IDEHPUCP.
Fuente: http://www.pucp.edu.pe/idehpucp/boletin/index.php?view=interna&cat=35&id=110

Marly Anzualdo, hermana de Keneth, le dedica un poema

Keneth – Hermano

Tú no tienes una tumba
Porque eres como el viento
Tú no tienes una tumba
Porque eres como el tiempo.
Tú no tienes una tumba
Porque eres esperanza
Tú no tienes una tumba
Porque eres libertad.
Tú no tienes una tumba
Porque tú no estas muerto.
Tú naciste para vivir por siempre
Te amo.

Por: Marly Anzualdo

Corte de DD.HH. condena al Perú por desaparición de Keneth Anzualdo

(EFE). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la OEA declaró culpable al Estado peruano por la desaparición forzada del estudiante universitario Kenneth Ney Anzualdo Castro, ocurrida en 1993 a manos de agentes del servicio de inteligencia durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, actualmente preso por delitos de corrupción y lesa humanidad.

“El Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Kenneth Ney Anzualdo Castro y, en consecuencia, violó los derechos a la libertad personal, integridad personal, vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica”, indica la sentencia publicada por la CorteIDH en su página web.

Los jueces también indicaron que “el Estado violó, como consecuencia de la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro, los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial”.

Indemización y placa en el Museo de la Memoria

La CorteIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordenó a Perú el pago de una indemnización de 405.000 dólares a los familiares de la víctima, en concepto de daño material e inmaterial, así como el abono de 14.000 dólares por el costo del proceso.

La sentencia indica que Perú deberá “conducir eficazmente los procesos penales que se encuentran en trámite o se llegaren a abrir” sobre este caso “para determinar en un plazo razonable a todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos y aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea”.

Agrega que el Estado “deberá proceder de inmediato a la búsqueda y localización de Kenneth Ney Anzualdo Castro o, en su caso, de sus restos mortales” y “reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal en materia de desaparición forzada de personas” para adecuarla a los estándares internacionales.

Los magistrados de la CorteIDH también ordenaron a Perú implementar programas educativos sobre derechos humanos para funcionarios de los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, así como para jueces y fiscales.

También deberá realizar, dentro de un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad por la desaparición forzada de Anzualdo Castro, y colocar una placa en el futuro Museo de la Memoria de Perú, en el que se recordarán las dos décadas de la violencia terrorista y estatal en ese país vividas entre 1980 y 2000.

La Corte consideró probado que agentes estatales “privaron de libertad o secuestraron al señor Anzualdo Castro el día 16 de diciembre de 1993, (y) lo llevaron a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció detenido desaparecido durante un período de tiempo indeterminado, desconociéndose hasta el momento su paradero”.

Según la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se sospecha que Anzualdo Castro fue ejecutado en ese lugar y sus restos incinerados en hornos allí instalados.

Fuente: Diario "El Comercio"

http://elcomercio.pe/noticia/357594/corte-ddhh-condena-al-peru-desaparicion-estudiante-1993

Ver sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH:

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=320

La Coordinadora contra la Impunidad realizó la III Jornada Interuniversitaria

Boletín de la Coordinadora Contra la Impunidad

Fuente: http://contraimpunidadperu.blogspot.com/

III JORNADA INTERUNIVERSITARIA POR LOS DERECHOS HUMANOS

En contra de la criminalización de la protesta

Setiembre - octubre 2009

Del 26 de setiembre al 23 de octubre se llevó a cabo la “III Jornada Interuniversitaria por los Derechos Humanos, en contra de la criminalización de la protesta”, la cual se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Federico Villareal y la Universidad Nacional del Callao.

La III Jornada Interuniversitaria tiene como finalidad sensibilizar a la población estudiantil sobre la realidad que vivió el país durante el periodo de conflicto armado interno, cómo repercutió en la comunidad universitaria y las consecuencias que ésta produjo. Asimismo pretende generar conciencia sobre los diferentes hechos de violencia por parte del Estado que se viven en nuestro país, a pesar de que ya no vivimos una realidad de guerra interna. Un ejemplo claro fue el caso de la masacre en Bagua.

Este año los temas que se presentaron en las universidades fueron: Derechos Humanos e impunidad; la desaparición forzada, tema con el que se pudo abordar los casos de los compañeros: Ernesto Castillo Paez, estudiante de la Universidad Católica; Keneth Anzualdo y Martín Roca estudiantes de la Universidad del Callao; y los estudiantes y profesor de la Universidad La Cantuta, casos que conocimos en este recorrido por las universidades a viva voz de sus propios familiares; El juicio y sentencia a Fujimori, los logros y retos que implica, sobre todo la necesidad de continuar en la brega porque su máxima sentencia sea ratificada en última instancia; y finalmente la ya mencionada masacre en Bagua y el carácter intolerante, represivo y criminal de este gobierno, cuya investigación veraz e imparcial debemos exigir manteniendo una vigilancia permanente.

Por tercera vez consecutiva la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) en coordinación organizativa con los gremios universitarios, logró capturar la atención de cientos de estudiantes.

Algunas de las reflexiones que se recogieron a lo largo de esta Jornada fueron la necesidad de hacerle frente al aletargamiento en el que ha entrado gran parte de la comunidad universitaria, producto del miedo debido al brutal golpe que el Estado dio en contra del movimiento estudiantil durante todo el periodo del conflicto interno. De esto se desprende la necesidad, nuevamente, de recuperar los espacios de debate y discusión y hacer respetar el derecho a organizarse desde la universidad.

Varios jóvenes resaltaron lo difícil que es hacer valer este importante derecho, cuando la represión está a la orden del día y la estigmatización tan presente. Sin embargo es posible que cada vez sean más los que se sumen a esa tarea. Uno de los principales objetivos de este gobierno es lograr que la impunidad prevalezca, y lo está intentando a través de diversos mecanismos legislativos de la manera más grosera.

Todo parece indicar que “legalizar la represión y las violaciones a los derechos humanos, es como el Perú avanza para este gobierno”.
Sin embargo Ulises Cantoral, el hermano del dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní asesinado durante el primer gobierno de Alan García, quien fue uno de los expositores que acompañaron esta jornada, nos recordó que solo haciendo memoria y organizándonos podremos garantizar que la historia no se repita.

Nuestro agradecimiento a los familiares, quienes con su lucha y amor nos inspiran, a AIDESEP por su auspicio y participación en las conferencias, así como también a todos los expositores, a los gremios estudiantiles, a todos y todas quienes hicieron posible que se lleve a cabo la III Jornada Interuniversitaria por los Derechos Humanos.

Es nuestra mayor esperanza que estos esfuerzos contribuyan a la reconstrucción de una memoria colectiva, a la toma de conciencia y participación activa en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

¡¡SIN LUCHA NO HAY VICTORIA!!

Fuente: http://contraimpunidadperu.blogspot.com/

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Evento en la Universidad Nacional del Callao - UNAC

Afiche del evento:

Viernes 23 de Octubre

CONFERENCIA: DESAPARICION FORZADA Y CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingeniería Química de la UNAC

Hora: 2:30pm

Exponen:

Sr. Javier Roca: Padre del joven estudiante, de la Universidad Nacional del Callao - UNAC, Martín Roca Casas

Sr. Felix Anzualdo: Padre del joven estudiante de la UNAC Keneth Anzualdo

Miguel Jugo: Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH

Videos del vento en la UNAC:

Sr. Felix Anzualdo, padre del joven estudiante Keneth Anzualdo:

Sr. Javier Roca, padre del joven estudiante Martín Roca Casas:

Miguel Jugo, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos:

Fuente: http://contraimpunidadperu.blogspot.com/

Fotos del evento en la UNAC:

Fuente : http://contraimpunidadperu.blogspot.com/

UNAC : Video ¿ Dónde está Keneth?